La crisis económica mundial ha resuelto una de las paradojas centrales de la relación entre los inmigrantes y los principales países receptores.

Hasta la crisis, los gobiernos de estos países enfrentaban la dualidad de una estructura productiva demandante de fuerza de trabajo inmigrante para cubrir las ocupaciones que son rechazadas por los trabajadores nativos, en una sociedad civil que exige que se restrinja la entrada de inmigrantes.

La crisis ha permitido resolver lo que algunos han llamado la paradoja de la necesidad del inmigrante indeseado. La ONG Amnistía Internacional denunció en el mes de diciembre 2011 "los controles de identidad discriminatorios " realizados por la policía española a inmigrantes, una práctica que el Gobierno niega pero que ya fue señalada por la ONU y es combatida en Madrid por "brigadas vecinales”.

El fin de esta paradoja no se debe, sin embargo, a un giro favorable a la inmigración en la percepción de las sociedades civiles, sino a una desaceleración de la demanda de fuerza de trabajo inmigrante. De modo que si las demandas de la estructura productiva y las de la población local coinciden, es porque el rechazo de esta última encuentra ahora, un fundamento material en la contracción de la oferta de empleos degradados.

"En toda España las detenciones basadas en criterios étnicos o raciales se dan a diario", aseguró Miguel Ángel Calderón, responsable de comunicación de Amnistía Internacional (AI) España, durante la presentación en Madrid de un informe titulado "Parad el racismo, no a las personas".

No es casual entonces que en parte importante de estos países se estén implementando políticas migratorias orientadas a empujar a los inmigrantes hacia afuera y a impedir que sigan ingresando. En el Estado español encontramos ejemplos claros de este tipo de políticas: se ha recortando el número de ocupaciones para las que se otorgan permisos de trabajo, se ha implementado un programa de “retorno voluntario” para los inmigrantes desempleados, y se han suprimido los planes de reclutamiento de inmigrantes en los países de origen.

Ante las "evidencias convincentes" recogidas en este informe, AI pide al Ministerio español del Interior que "tome de inmediato medidas para prohibir" estas prácticas, apelando al próximo gobierno conservador del Partido Popular, que fue investido el pasado mes de diciembre 2011.

Esta voluntad explícita de la policía junto a los vecinos a empujar hacia afuera a los inmigrantes, ha puesto en evidencia que toda la legitimidad con que contaban, estaba sujeta a al aporte neto que realizaban con su trabajo a la economía local.

Sostener la legitimidad de los inmigrantes en un argumento como este, implica asumir de antemano que cuando su contribución pase a ser menor que el gasto que suscitan, es legítimo, si no expulsarlos, al menos empujarlos hacia afuera. Ahora bien, estas políticas no son cuestionables sólo por su fundamento, sino también porque su ineficacia supondrá un incremento en la precariedad y las desprotección de los inmigrantes.

Esta práctica ya había sido señalada en marzo por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, que pidió al Gobierno español tomar medidas para erradicar los "controles de identificación o redadas policiales basados en perfiles étnicos y raciales". "Creo que he estado en todas las comisarías de la ciudad", afirma Babu, un ciudadano indio cuyo testimonio es citado en el informe.

A 1 de enero de 2011, el 12% de la población de España, es decir unos 5,7 millones de personas, eran extranjeros, afirma AI, que estima entre 700.000 y un millón el número de inmigrantes en situación irregular.


Su previsible fracaso español se debe a dos motivos: Primero, la perspectiva de vivir una crisis económica en un país desarrollado, es preferible que hacerlo, en el mejor de los escenarios imaginables, en los países de procedencia. El impacto que está teniendo la crisis en España, para seguir con el ejemplo, por intensa que sea, no se acerca ni en intensidad, ni lo hará en sus consecuencias, a las crisis que vivieron muchos de los países de procedencia de los inmigrantes desempleados que pueden optar al programa de “retorno voluntario”.

Baste recordar cómo abandonaron el siglo pasado países como Argentina y Ecuador, o incluso Colombia y Perú, para entender por qué resulta verosímil plantear que ante una crisis económica que se presenta como mundial, los migrantes de estos países entenderán que es preferible quedarse donde están, que volver a sus sociedades de procedencia.

Segundo, las políticas de recorte de los permisos de trabajo van a suponer una intensificación del desplazamiento de los inmigrantes hacia la economía informal. Es un hecho consensuado entre los especialistas, fue que el principal mecanismo de acceso de los inmigrantes a los mercados de trabajo de las sociedades receptoras, son las redes sociales.

Igualmente demostrado está el hecho de que las redes migratorias son eficientes independientemente de su grado de institucionalización. "Marroquíes, ecuatorianos y colombianos son los grupos más numerosos de ciudadanos de países" no europeos en España, precisa. Esta práctica policial "contribuye al aumento del racismo y la xenofobia", advierte la ONG.

"Una de las consecuencias claras de que cada vez que pasas por el metro veas a la policía parando a un latino, es que la gente acaba interiorizando la idea de que algo habrá hecho, que habrá cometido algún delito, cuando lo único que hacía era pasar por allí yendo al trabajo", denuncia Javier Carequinha, un madrileño de 29 años que participa en las "brigadas vecinales".

Al igual que este profesional del marketing, un centenar de habitantes de la capital de todas las edades, españoles y extranjeros, forman al menos una vez por semana patrullas de cuatro a siete personas encargadas de identificar y documentar estos controles racistas.

Los contactos informales son tantos o más funcionales que las asociaciones u organizaciones que forman parte de las redes. De manera que unas políticas de recorte de los mecanismos formales de acceso al empleo redundarán en un reforzamiento de los vínculos informales de las redes y en un incremento de la irregularidad en el reclutamiento de trabajadores.

Más allá del probable fracaso de estas políticas, el problema de fondo que debe plantearse no consiste ciertamente en buscar unas políticas más eficaces, sino en cuestionar el principio que gobierna la legitimidad ciudadana de los inmigrantes. Si esta legitimidad se basa solo en el aporte económico derivado de su desempeño en el trabajo; el principio del ius laborans, su reconocimiento queda sujeto a la contingencia, y funda una desigualdad estructural con la población autóctona.

Si por el contrario, la legitimidad del inmigrante se construye sobre la base de un reconocimiento social y político en virtud de su condición de residente, entonces, estaremos frente a una reconfiguración global del fundamento de la ciudadanía.

Los principios del ius sanguinis y el ius soli están obsoletos, y el ius laborans, es insuficiente. La introducción del principio del ius domicili, supondría la apertura de las comunidades políticas a una nueva forma de ciudadanía, más pluralista, igualitaria y menos a contracorriente de unos procesos sociales nuevos, que desde abajo, tienden a borrar los contornos del reino español.


Enero 2012.-