espués de la caída de la dictadura en Paraguay surgen las “radios libres”, o radios comunitarias aunque los canales de TV de barrio, no tenemos en Paraguay las realidades a las que los medios institucionalizados, y los propios políticos, se ven obligados a abarcar también y convivir e incluso interactuar con ellos.

Es cuando surge el "periodista rural" o "comunicador social" el efecto demostración, y el agravio comparativo consiguiente, que se produce debido a la amplia información ciudadana originada por la masificación de la información debido al crecimiento de las vías de comunicación y la Internet, que han generado una revolución de las expectativas sociales.

La publicidad inunda los hogares más humildes con propuestas inalcanzables y difunde paradigmas estéticos y de bienestar económico claramente discriminatorios e irritantes, imposibles de resolver en el corto plazo, por lo que generan un sentimiento de impotencia en la mayoría de la población, especialmente en los sectores más carenciados o con menos oportunidades.

Ante esta nueva percepción y realidad político-social, junto a las demandas “clásicas” se han instalado con mucha mayor fuerza que en el pasado, y de manera irreversible, la demanda por dignidad y trato igualitario, es decir, por el respeto.

Ya no se trata sólo de pedir soluciones a problemas materiales, sino de exigir trato igualitario, respeto a la sociedad luqueña que vive la irritación,  por ejemplo, de ver a menores de edad conduciendo en ruidosas caravanas, en vehículos 4x4 junto a cuatriciclones, invitando a sus amigos a las fiestas, organizadas por los que se sienten con derecho a hacer lo que les da la gana.

La Ley 1.100/97 (*) prohíbe tales practicas además de otras leyes normativas, que la policía debería por iniciativa propia hacer respetar, sin embargo no actúa in situ propio y obligar a acatar la Ley, no lo hace ya sea por ignorar la Ley o por temor a los dueños del "pulgar", puesto que la propia policía, no ve, no escucha y no habla, hace la vista gorda.

Esta es la  sensación para el hombre común, de ser siempre postergado, de que los “enchufados” siempre se saltan la fila y los tiempos de espera, de que no todos llevan la misma carga, está ya muy arraigada en nuestra sociedad.

La idea es que los privilegiados son los que están en el poder, digan lo que digan, incluyendo en esto a los políticos. A ello han contribuido, sin dudas, los propios políticos, a quienes se elige para que defiendan los derechos de las personas y en cambio se les ve muchas veces preocupados de temas ajenos a la cotidianidad ciudadana y disfrutando ostensiblemente de los beneficios y privilegios que da el poder y sus bienes, la mayoría mal habidos.

El cambio de la relación ciudadano -partidos  autoridad- va más allá de demandas materiales y tiene que ver con una demanda por una “cultura de la igualdad” que permee y traspase el todo y las partes de la sociedad, con la gente como protagonista, intermediada por partidos y múltiples organizaciones, más o menos estructuradas, sólo en cuanto éstos encarnen esa cultura y se hagan cargo en los hechos, de manera cotidiana y visible, tanto de la construcción de una convivencia justa y digna -el viejo “bien común” que venimos reclamando desde el año 1689 pasando por el año 1731 con Monpox, Antequera y Castro- hasta nuestros días, como de solucionar y anticiparse a los problemas de las personas.

No basta con entregar viviendas, si estas y su entorno no cuentan con una homologación básica con los parámetros de igualdad que protegen la dignidad de las personas.

No basta con declarar a la gente “representada”, sino que ésta quiere sentirse efectivamente representada.

La gente conceptualiza, por lo tanto, la función política de una manera distinta a como esta actividad está institucionalizada, lo que tiene consecuencias concretas y explica el declive de los partidos y la emergencia de outsiders, neopopulistas y líderes mesiánicos:

Primero, las personas entienden que la labor de una autoridad es primordialmente la de proteger, defender y representar sus derechos ante la Ley, canalizando, dando la solución de problemas específicos, y secundariamente la tarea legislativa propiamente tal.

Es decir, en lugar de la clásica función de elaborar las leyes teniendo en cuenta a los representados, se pasa a exigir a los parlamentarios una tarea casuística, esto  que corresponde a jefes de servicio, al Intendente Municipal y concejales y a la propia policía que a la vez es "una función forense de defensa de derechos ante la autoridad".